El Gobierno no cuestiona el derecho consagrado en la Constitución a reunirse pacíficamente y a movilizarse sin armas, pero no permitirá actos de violencia contra ciudadanos ni que se dañe la propiedad pública y privada.Este es el mensaje (palabras más, palabras menos) que envió ayer el jefe del Gabinete Ministerial, Jorge del Castillo, en declaraciones a los periodistas en Palacio de Gobierno, y el que también envió el Ministerio del Interior, a través de un comunicado oficial difundido por la tarde.El despacho de Luis Alva Castro --quien al igual que Del Castillo proviene de un partido como el Apra que tiene una larga tradición de movilización social-- señaló que se ha instruido a las autoridades políticas a que autoricen las marchas de protesta y concentraciones "cuyos organizadores han cumplido con presentar las solicitudes correspondientes".Además, se explica que para facilitar la labor de la Policía Nacional se ha dispuesto que las Fuerzas Armadas protejan los servicios públicos esenciales y puntos críticos en todo el país. A saber: centrales eléctricas, puertos, aeropuertos, nudos de comunicación, reservorios de agua, así como puentes estratégicos y establecimientos penales.