El ministro de Economía acaba de anunciar que propondrá al Consejo de Ministros una serie de pautas que simplificarán el gasto público, reorganizarán el SNIP y agilizarán los procesos del Consucode, ante un panorama de endurecimiento de las demandas sociales en el país. Sin embargo, junto con esta razonable ductilidad para que fluya mejor y más rápido la inversión estatal, deben correr en paralelo acciones firmes de transparencia en dos sentidos: detectar y sancionar la corrupción, y garantizar un eficiente manejo de los fondos públicos. La transparencia en el gasto es un factor indispensable para detectar al virus corruptor dentro de la burocracia. Los procedimientos diáfanos contribuyen para advertir cuando un proyecto corre el riesgo de degenerar o presenta vicios de origen. La colocación de información en las páginas web sobre el perfil de la obra, las cotizaciones, la identificación de los postores y todo cuanto sea útil para la fiscalización del proceso será determinante para un adecuado seguimiento de los órganos de control y también para una efectiva vigilancia ciudadana.El punto es que la corrupción no es el único ingrediente que provoca el derroche de recursos: también es letal para el desarrollo la falta de criterios y los graves errores de las autoridades que ejecutan la obra. Estas deben comprender que la inversión social en salud, educación y nutrición, así como las obras de infraestructura y saneamiento tendrán un impacto significativo en la calidad de vida de los habitantes, en lugar de plazas, monumentos y coliseos que solo satisfacen falsos orgullos localistas y a las autoridades sin visión de futuro.Hay un gran desafío para que en esta época de bonanza, el dinero público sirva para una correcta inversión social y no descienda a simples ornamentos de hormigón. Es indispensable que esta idea cale en la sociedad para no desaprovechar esta gran oportunidad que tenemos por delante.