Ante la inminente sentencia del juez chileno Orlando Álvarez sobre la procedencia de la extradición de Alberto Fujimori, no hay que perder de vista un hecho muy concreto: que, al terminar el trámite judicial de extradición, la palabra final en última instancia la tendrá el jefe de Estado del país involucrado, en este caso, Michelle Bachelet.De ahí que, luego del histórico pronunciamiento de la fiscal Mónica Maldonado a favor de la extradición y de lo que decida el juez Álvarez, la pregunta es: ¿Respetará y avalará Bachelet lo que decida el magistrado chileno? El Estado Peruano deberá prepararse, como lo ha anunciado, para enfrentar la previsible reacción de la defensa de Fujimori en una segunda instancia. Sin embargo, también debe estar atento y cauto para leer entrelíneas las motivaciones de los gobiernos del Japón y de Chile, que en la última semana han tenido declaraciones interesantes respecto de la decisión de Fujimori de postular al Senado nipón.El ministro de Relaciones Exteriores del Japón, Taro Aso, descartó que negociará con Chile el regreso a Tokio del ex presidente "mientras las autoridades chilenas estén ejerciendo sus poderes judiciales". ¿Pero qué pasará cuándo termine este proceso y cuando sea Bachelet quien decida entregar o no al procesado? ¿Cambiará la posición del lado japonés? Esto sería inadmisible.Por su parte, Bachelet declaró que si en algún momento hubiera alguna violación de las normas, se tomarán las acciones que correspondan. Esta posición es muy importante, pues según la legislación chilena si Fujimori viola las normas de extranjería sería expulsado del país, aunque no es claro cuál sería su destino. Evidentemente, los peruanos esperamos un pronunciamiento final consecuente de la presidenta Bachelet, no solo con su trayectoria democrática, apegada al Estado de derecho y a la defensa de los derechos humanos, sino con la obligación de hacer justicia. La extradición solicitada por el Estado Peruano no sabe de revanchismo ni persecución, como quieren hacerlo ver los fujimoristas, sino con el derecho de un país a juzgar a un connacional que ejerció y abusó de la presidencia y, de acuerdo con consistentes evidencias, cometió graves delitos incluso contra los derechos humanos, que no pueden ni deben quedar impunes. La restauración democrática y el saneamiento ético nacional así lo exigen.