Si por un lado hay que saludar que, paulatinamente, se vayan restableciendo los canales de diálogo con los dirigentes de Ucayali y zonas aledañas, del otro debemos insistir en que el Gobierno no puede dar marcha atrás en un punto crucial: la reducción y consiguiente eliminación de las exoneraciones tributarias.Ante todo, rechazamos el recurso a la violencia el que tan fácil e irresponsablemente usan ciertos dirigentes que a veces responden a oscuras agendas desestabilizadoras, lo que tiene que ser denunciado y sancionado con toda energía. El Gobierno no puede permitir los bloqueos de carreteras, que afectan las economías regionales y el derecho constitucional a desplazarse de miles de ciudadanos que no tienen nada que ver con las protestas. Es más, esos mismos dirigentes han aceptado, en actas firmadas por ellos mismos, varias compensaciones a cambio de las exoneraciones tributarias reducidas o eliminadas. Sobre el tema de fondo, las exoneraciones, hay que recordar que se trata de una excepción temporal que, por debilidad de los gobiernos, se ha venido consolidando como permanente, a pesar de sus negativos efectos. Por lo mismo, tiene que actuarse ahora frente a ellas con energía indoblegable, como se hizo antes con los cocaleros y con el Sutep, que a pesar de sus pataleos tuvieron que aceptar que están equivocados y deben ponerse a derecho. Las exoneraciones fueron concedidas para compensar las graves disparidades que causa el aislamiento y la distancia en ciertas regiones. Sin embargo, la realidad es que esto fue aprovechado solo por algunos pocos para lucrar a través de actividades delictivas como el contrabando y la evasión. Son estos mismos los que ahora promueven la agitación y la violencia. Estos vicios, así como la competencia desleal, el tráfico de combustibles y las empresas de fachada se han vuelto sinónimos de exoneraciones. Estas, además, establecen un trato discriminatorio e injusto en desmedro de otras regiones, que reclaman lo mismo. El riesgo es que con ello se fomenta el paternalismo ocioso y corruptor y se agranda el forado fiscal, poniendo en jaque al Estado. Por lo tanto, no puede mantenerse este precedente si se quiere poner la casa en orden, y mucho menos cuando el Gobierno ha ofrecido transferir partidas directas a las regiones y construir obras estratégicas para compensar el fin de este régimen absurdo.En el revuelo social de estos días hay pues que distinguir lo sustantivo de lo que es objeto de manipulación, sobre todo en zonas del Oriente que tienen escasos ingresos por canon y donde la informalidad y el narcoterrorismo hacen sentir su fuerza delictiva, aprovechando la relativa presencia del Estado. Este es, finalmente, el quid del asunto: la integración territorial y política de zonas alejadas, que justamente reclaman apoyo y equidad, debe estar en la prioridad de la agenda de Gobierno. Sin embargo, ello no debe implicar debilidad en los principios y en el orden legal y tributario, que comprende y obliga a todos los peruanos sin distinción.