El Tribunal Constitucional (TC) publicó ayer, en su portal, una resolución que rechaza el uso de métodos coercitivos y de intimidación para la cobranza de acreencias comerciales. La entidad llega a dicha conclusión luego de analizar el caso de Roberto Woll Torres, quien denunció a la empresa TX'S Consultores Legales Asociados (Coaxsa) por requerir el pago de una deuda vencida con Ripley bajo la amenaza de embargarle sus bienes en caso no cumpliera con el pago. De acuerdo con los argumentos esgrimidos por el TC, el requerimiento de pago de la empresa lesiona el derecho fundamental al honor del denunciante, toda vez que la empresa de cobranza se ha arrogado atribuciones que no le corresponden para presionar al cliente. En este caso, dice el Tribunal, dar a entender que realizaría el embargo de bienes, con apoyo policial y descerraje del inmueble (si nadie se encuentra en el mismo), a pesar de que estas son atribuciones que solo puede ejercer la autoridad judicial.