En su primera prueba, que consistió en la vigencia durante un año en el distrito judicial de Huaura, el Código Procesal Penal ha demostrado su validez tanto para disminuir los tiempos de los juicios como para combatir los actos de corrupción. Pero cambiar un modelo que hace agua por otro que esencialmente es garantista, oral y público requiere de una significativa inversión del Estado para que el sistema jurídico funcione y ofrezca garantías tanto a las inversiones como a la ciudadanía en su conjunto. El nuevo carácter oral de los procesos penales, por ejemplo, hará más expeditivo el juicio, desapareciendo la forzada necesidad de presentar recursos escritos que solo sirven para constituir y apilar expedientes en los juzgados y salas, lo es precisamente una de las fuentes de corrupción, encarecimiento del costo del litigio y dilación del proceso.El Ministerio Público tendrá un papel preponderante: será de forma auténtica el titular de la investigación y la acción penal, tarea en la que hoy se superponen tanto la labor de la policía, al preparar un atestado, como del propio juez en la etapa de instrucción. Pero para ese fin se requiere de más fiscales y un adecuado equipo de trabajo a su alrededor, lo que implica mayor presupuesto. Se lograría, además, agilizar y descongestionar el trabajo de los juzgados actualmente saturados.La tasa de retorno de una justicia de calidad siempre será superior a cualquier inversión. Recordemos que el Perú aspira al grado de "país de inversión" y para ello es imprescindible ofrecer las garantías de un sistema judicial que genere confianza.