El conflicto social y laboral desatado en Casapalca como consecuencia de las malas prácticas laborales en las que incurre la minera de propiedad de Alejandro y Carlos Gubbins, ha motivado que especialistas y representantes sindicales cuestionen la inacción del gobierno en cuanto a una política firme de protección laboral.El abogado laboralista Hernán Lora aseguró que el principal problema de la actual gestión es que no tiene claro cuál es la fórmula que vaya a adoptar frente a los roles que desempeñan las empresas de intermediación y tercerización (subcontratistas), "sobre todo cuando esta última no tiene una legislación que la regule"."El Estado aún no explica su función ante la labor de las subcontratas, tampoco se ha dejado claro en qué se diferencia con las empresas de intermediación. El gobierno debería aprovechar el penoso panorama presentado con el tema de las mineras para promulgar una norma general que regule el accionar de las subcontratas", indicó Lora.