A través de nuestra historia la minería ha generado ingentes recursos para el Estado peruano. Sólo en contadas ocasiones dichos recursos se destinaron al desarrollo infraestructural de las zonas que generaron esa riqueza y cuando así sucedió, fue a cuentagotas.Con el canon minero se pretende revertir esa práctica perversamente centralista, para que corresponda al ámbito geográfico donde se hallan los recursos el 50% del impuesto a la renta que su explotación reporta al Estado. Debido a que los precios de los minerales que el Perú produce se encuentran en la cima de un extraordinario ciclo histórico, algunas colectividades andinas tradicionalmente olvidadas, se han visto beneficiadas por importantes transferencias desde el gobierno central. Este auge temporal ha mortificado a burócratas centralistas y frívolos, que no soportan la relativa autonomía económica de algunos gobiernos locales. Pretenden, por eso, redistribuir “más equitativamente” el canon, es decir, intentan despojar a los gobiernos locales donde se hallan los yacimientos, de parte de los recursos que les pertenece. Mejorar la distribución del canon no debe implicar la reducción del que corresponde al ámbito provincial y distrital en el que se genera la riqueza sino, más bien, la redistribución del que se destina al resto del departamento. ¿Qué razón hay para que provincias lejanísimas de Antamina como Corongo o Pallasca se beneficien del canon generado por la explotación de ese yacimiento, mientras que provincias huanuqueñas como Dos de Mayo o Huamalíes, contiguas al mismo, no reciban nada? La porción del canon que hoy se difumina arbitrariamente a lo largo de todo el departamento debiera redistribuirse en función al área de influencia del yacimiento y a la demografía del entorno, no a la demarcación política que, en muchos casos, es arbitraria o, peor aún, incierta. José María Arguedas sostuvo que "El pequeño propietario campesino del valle [del Mantaro] pudo conseguir capital trabajando, siempre eventualmente, en las minas". La minería fue para muchos campesinos, pues, una puerta hacia la modernidad capitalista; una herramienta para superar la economía de subsistencia. En una dimensión social y colectiva debiera serlo también para los pueblos andinos ubicados en su entorno. Un canon minero más focalizado permitiría financiar las obras de infraestructura integradora que facilite la incorporación de esos pueblos serranos al mercado. Coadyuvaría, por lo demás, a la buena disposición de las comunidades locales con respecto a la inversión minera. Difuminarlo como pretenden algunos desprevenidos, dificultará la consecución de la llamada licencia social sin la cual el desarrollo minero del futuro sería solo un espejismo.