La intención de la bancada aprista y del Grupo Parlamentario Fujimorista (GPF) era evidente: salvar a los congresistas Tula Benites y Ricardo Pando de ser reemplazados por sus accesitarios ante las inminentes acusaciones constitucionales que se ciernen sobre ellos.Como es conocido, la legisladora aprista y su colega fujimorista son cuestionados por escandalosas contrataciones de empleados fantasma.Por tal razón, ambas bancadas --con el apoyo casi unánime de Unión por el Perú (UPP)-- sacaron adelante en el pleno una modificación al reglamento del Congreso para que el reemplazo por el accesitario se produzca solo en caso de muerte o por sentencia firme con pena de cárcel.Actualmente, los parlamentarios pueden ser reemplazados, entre otras causales, por haber sido suspendidos, inhabilitados o destituidos por el Congreso.Al respecto, cabe recordar el caso de la parlamentaria Elsa Canchaya (UN), quien ha sido reemplazada por el accesitario Hildebrando Tapia, luego de que el Legislativo aprobara una acusación constitucional en su contra.¿El motivo? Haber contratado a su empleada del hogar como su asesora, quien además no acudía al despacho parlamentario a trabajar.Por tal razón, ante la evidente intención oficialista de salvar a Benites y Pando, el vocero de la bancada de Unidad Nacional (UN), Javier Bedoya, intentó poner un candado a la propuesta aprista y sugirió que esta modificación al reglamento no rigiera para los casos de acusación constitucional en curso.