Diversos estudios (Enrique Vásquez, Fritz du Bois, Miguel Jaramillo e Irma Arteaga) están demostrando que el gasto social en el Perú es regresivo. Tanto el gasto en educación y salud, como los propios programas sociales de lucha contra la pobreza, asignan más recursos per cápita a zonas relativamente menos pobres, particularmente a Lima. Es decir, lejos de corregir la desigualdad, la acentúan.En aparente contradicción, sin embargo, el INEI viene registrando en los últimos tres años un incremento en los ingresos y en el empleo mayor en provincias y en zonas rurales que en Lima. La explicación estaría, en este caso, principalmente en la inversión privada para la exportación. El crecimiento explosivo de la agroexportación en la costa, intensiva en empleo formal -gracias a un régimen laboral flexible que ha eliminado sobrecostos-, ha llevado al pleno empleo a ciertos valles, provincias y regiones. Incluso parejas jóvenes de profesionales migran de Lima a esas zonas porque les pagan relativamente bien y gastan poco. Y, en la sierra, el florecimiento de la minería está impactando en el empleo y los ingresos en algunas ciudades y regiones, fuera del canon minero que el año pasado redistribuyó casi 600 millones de soles.El modelo exportador, la apertura y la integración al mundo están beneficiando más al interior del país que a Lima. Lo que significa que mientras la economía o el mercado tienden a reducir -a grosso modo- las desigualdades, el Estado, como vimos arriba, tiende a incrementarlas. Exactamente al revés de la idea preconcebida de que el mercado crea desigualdad y el Estado debe corregirla.En realidad, la inversión privada en el interior mejora el promedio, pero crea diferencias internas en las regiones o localidades, que pueden generar malestar entre los aún no integrados. Algunos ven cómo otros mejoran. El Estado, que debería entrar a compensar, no funciona. Por el contrario, refuerza las desigualdades, como hemos visto. Y no es de extrañar. El Estado genera sus propios intereses. Los funcionarios y burócratas son un grupo de poder que concentra decisiones y desvía recursos para sus propios fines. Por eso los recursos no llegan y la población no participa ni se beneficia. Por eso se levanta y se moviliza y algunos sienten simpatía por insanías como la de Humala.La solución está en transferir el Estado a la población. En quitárselo a los políticos, burócratas y gremios y darle recursos directamente a los individuos, a la población más desfavorecida, para que ella decida, con ese dinero en sus manos, dónde educa a sus hijos, dónde los cura y dónde compra los alimentos. Eso no tiene pierde, ni político ni social, señala Jaime de Althaus en su columna "rincón del autor".