La opinión pública, que es la expresión vibrante de la ciudadanía, permanece alerta y vigilante ante el siguiente paso del Congreso en la anunciada rectificación para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional (TC).El reto mayor, para la presidenta del Poder Legislativo y los portavoces de las diversas bancadas partidarias, es despejar meridianamente la atmósfera de componenda y oscurantismo que prevaleció, desde un inicio, para intentar copar políticamente el Tribunal Constitucional. Esta vez, a diferencia del pasado, la prensa fiscaliza y denuncia, y los ciudadanos están conscientes de lo mucho que pueden perder si la política sucia afecta la institucionalidad y sus expectativas de desarrollo económico. Adicionalmente, las calificadoras de riesgo han manifestado su preocupación por las afectaciones a la institucionalidad, lo que podría poner en peligro una mejora de la calificación peruana, indispensable para atraer más inversiones.En tal contexto, ante la nueva propuesta del Consejo Directivo de retomar el proceso a partir de los 16 preseleccionados, el pleno congresal debe analizar los pros y los contras de esta opción para su propia credibilidad y también para la estabilidad política y la legalidad democráticas.¿Por qué creerles ahora? ¿Quién nos garantiza que la misma comisión que se opuso a publicar las hojas de vida de los candidatos se avenga ahora a actuar con transparencia? La aprensión es mucho más preocupante cuando se ha comprobado que nunca se hizo una evaluación ponderada de las entrevistas de los candidatos, a pesar de lo cual la presidenta del Congreso, Mercedes Cabanillas, insistió en apurar la votación. Es decir, que no hubo intención de evaluar, sino que el desarrollo de todo el proceso estuvo bajo el influjo de un ánimo de componenda bajo la mesa.Ante estas persistentes y pertinentes preguntas, los congresistas tienen que demostrar ahora, con los hechos, que están actuando con un nuevo espíritu de imparcialidad, transparencia y respeto a su propio fuero y al del Tribunal Constitucional. Esto debe llevar a un proceso de elección, uno por uno, de los magistrados más preparados y capaces de mantener la independencia y solidez institucional del TC, instancia suprema de control constitucional. La Mesa Directiva y el Partido Aprista tienen que garantizar que lo que prime en este proceso sea la apertura y la transparencia en todas sus etapas. Hay que dar prioridad a la calificación del mérito y no al carnet, la simpatía, el amiguismo o, peor aún, al 'compromiso' de sentenciar a futuro en tal o cual sentido, lo que sería un desastre para el TC y la institucionalidad democrática, de lo cual tendrían que asumir plena y entera responsabilidad los actuales parlamentarios.