Es alentador que el Consejo de Ministros se haya comprometido a hallar esta semana una salida concreta que evite el boicot que pretende perpetrar el Gobierno Regional de Tacna contra la industria nacional. De otra manera no puede interpretarse la ordenanza expedida por ese gobierno regional, que autoriza la libre comercialización de ropa y calzado usados, pese a lo inconstitucional de la medida.Es irónico que, en su defensa, el presidente regional Hugo Ordoñez haya dicho que la meta es proteger los intereses de los tacneños. La pregunta es a qué intereses se refiere: ¿Los de los contrabandistas? ¿O los intereses de los 500 fabricantes nacionales, que generan 300 mil puestos de trabajo y que con medidas de este tipo tendrán que competir con el contrabando? Bajo este criterio, Tacna seguirá siendo el paraíso del contrabando, donde la autoridad, lejos de garantizar el orden y el respeto a la ley, alienta que se infrinja las normas vigentes. ¿Bajo este criterio, y al amparo de la informalidad social, deberemos legalizar todas las prácticas ilícitas? La región tacneña no puede ser el lugar por donde ingresa mercadería que no conoce de obligaciones tributarias y cuyas actividades ilícitas no se pueden justificar, bajo el argumento facilista de que congrega a muchas familias dedicadas al contrabando. El mismo argumento exhiben también los cocaleros ilegales y todos aquellos que infringen la ley. Como señalamos en esta columna, lo del Gobierno Regional de Tacna es un exceso, una decisión de anarquía administrativa que convierte a la región en una ínsula autonómica dentro del Perú. Bien que la Sociedad Nacional de Industrias apele al Tribunal Constitucional. Lo mismo debería hacer el Ejecutivo, así como sancionar a los responsables de este boicot.