Guerra declarada. La legisladora aprista Tula Benites Vásquez aplicó ayer su estrategia de defensa frente a los delitos que se le imputan por la contratación de su 'auxiliar fantasma'. A través de un escrito presentado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, acusó a la Mesa Directiva de excederse en sus funciones, y afirmó que, en su caso, el Parlamento está incurriendo en la comisión de los delitos contra la administración de justicia y falsedad genérica.Su objetivo es solicitarle que ponga en conocimiento del Ministerio Público los "hechos presuntamente delictuosos" que sustentan la denuncia presentada por el procurador Julio Ubillús Soriano y, a la vez, pretende retirar a Víctor Mayorga, presidente de dicho grupo de trabajo, del proceso abierto en su contra.