El Gobierno ha establecido como política de Estado el consumo del gas natural para disminuir la dependencia de los combustibles líquidos (diésel, gasolinas y gas licuado de petróleo) cuyos precios están al alza. Sin embargo, hasta ahora los municipios no se alinean con este propósito; por el contrario, ven en este nuevo servicio la oportunidad de aumentar sus ingresos por el cobro excesivo de trámites y licencias. Así, los municipios han generado sobrecostos a la instalación de las redes (tuberías en las calles) y a la conexión domiciliaria (llevar el gas natural desde la red a las casas). En el primero de los casos, el sobrecosto lo asume Cálidda; en el segundo, lo hacen los clientes residenciales interesados en tener el gas natural. Según una vocera de Cálidda, la empresa de distribución no ha sido autorizada hasta el momento para cobrar los sobrecostos generados por las municipalidades a sus clientes, por lo que ha solicitado al Osinergmin que los incluya en la tarifa regulada. De hacerlo, la tarifa de distribución (que forma casi el 70% de la tarifa total que se cobra a los clientes, el otro 20% pertenece al transporte y el 10% restante al productor Pluspetrol), se incrementaría hasta en 30%.