No debemos repetir la historia de impunidad que, en el pasado reciente, ha dejado sin castigar la falsificación de firmas perpetrada por el fujimorismo, y que El Comercio y Canal N dieron a conocer hace cinco años. Con esa nefasta experiencia, no puede permitirse que sigan la misma suerte las denuncias contra Margarita Toledo y otros personajes de País Posible (hoy Perú Posible), acusados de haber falsificado firmas para inscribir a esa agrupación en 1998.La investigación a fondo de esto implica varias cosas.La fiscalía y el Poder Judicial deben actuar eficaz y oportunamente para deslindar responsabilidades, más aun cuando existiría una estrecha relación entre la falsificación de firmas fujimorista y la atribuida a País Posible. En la primera, los tribunales actuaron con un sospechoso encubrimiento de culpabilidades. Allí está Portillo Campbell, ex jefe de la ONPE, que acaba de salir en libertad por exceso de carcelería, y de otros prófugos como Medelius, Vásquez y Fujimori. Tal parece que ahora se actuaría de manera distinta.Asimismo, los involucrados deben responder por las acusaciones que pesan en su contra. Es un avance que la hermana del presidente se haya puesto a derecho e incluso tenga detención domiciliaria. Y resulta conveniente que Carmen Burga, partícipe y testigo en la supuesta falsificación, haya decidido dar la cara ahora.En lo mismo, si bien la fiscal de la Nación ha desestimado investigar al mandatario, ello no implica que los peruposibilistas descalifiquen testimonios como el de Burga, que deben aclararse.De otro lado, hay que reconocer también que hay varias denuncias sobre falsificación de firmas pendientes. Once agrupaciones políticas, según denuncia de la ONPE, son investigadas por el Ministerio Público y deben dar explicaciones a la justicia.Lo que no podemos hacer son lecturas antojadizas y premoniciones inconvenientes sobre eventuales consecuencias contra la estabilidad del régimen, que solo fomentarían de manera inoportuna la intranquilidad pública. El periodismo responsable bien podría cumplir una función fiscalizadora pero también orientadora para no caer en el juego fácil e irresponsable de pedir -sin investigar bien- un adelanto de comicios, la invalidación de la elección de Alejandro Toledo y de su partido e incluso la vacancia presidencial.