En la larga historia del Caso Fujimori, el fallo de la fiscal de la Corte Suprema de Chile, Mónica Maldonado, que admite la mayor parte de las solicitudes de extradición formuladas por el Estado Peruano, ocupa un lugar preponderante, sobre todo por su contundencia jurídica y formal.Y es que la magistrada --de destacada trayectoria en la jurisprudencia chilena-- ha mostrado gran solvencia técnica y doctrinal para ponderar, sin sesgos políticos, los cuadernos de la extradición.Esto ha merecido, como era de esperar, el rechazo del entorno fujimorista, que absurdamente pretende usar su bancada congresal para presionar políticamente, lo que es totalmente ajeno a su función parlamentaria. ¿Acaso fueron elegidos solo para defender a su caudillo, supeditando el interés nacional a dicho objetivo?No podemos tapar el sol con un dedo ni ver afanes persecutorios y de ajusticiamiento donde no los hay. Basta leer el fallo de la doctora Maldonado para darse cuenta de que, a pesar de no ser vinculante, se basa en evidencias y presunciones concretas, derivadas de los elementos probatorios presentados por el Gobierno Peruano.Corresponde ahora que el ministro instructor de la Corte Suprema de Chile, Orlando Álvarez, admita la solicitud de la fiscal y conceda la extradición en once casos relacionados con violaciones a derechos humanos y actos de corrupción: entre ellos, los asesinatos en Barrios Altos y La Cantuta, pagos tributarios al publicista Borobio y al astrólogo Héctor Faisal, la interceptación telefónica a personalidades opuestas al régimen, pagos a medios de comunicación y compra inconsulta de medicinas chinas. ¿Es ese el gobierno de mano firme que algunos quisieran repetir? ¿No vemos ahora más claras las consecuencias del autoritarismo? En cuanto a la causa de la extradición la justicia chilena viene actuando dentro de los plazos, con idoneidad y transparencia, como deberán hacerlo, en su momento, los tribunales peruanos.Lo que no debe hacerse ni permitirse es la politización de este caso. Fujimori deberá contestar por hechos registrados durante el tiempo que ocupó la Presidencia del Perú y responder por los cargos y responsabilidades penales que se le imputan, en un proceso que recién empieza y que debe mantenerse dentro de los linderos judiciales, con imparcialidad y respetando escrupulosamente las reglas del debido proceso. (Edición sábado).
- [El Comercio,Pág. A 4] /