Se esgrimen argumentos falaces en la discusión sobre el retorno a la bicameralidad. Por ejemplo, que la bicameralidad no impidió que se aprobara leyes demagógicas como la 20530 y otras que favorecieron el desbalance fiscal y la hiperinflación. Pero se olvida, porque a estas alturas parece mentira, que el populismo estatista no solo fue la cultura política de toda una época, sino que llegó a consagrarse en la Constitución de 1979. Obviamente, si la "vivienda digna", por ejemplo, era un derecho consagrado constitucionalmente, no podía oponerse a su realización algo tan banal como el límite fiscal. En esa Carta Magna el Estado tenía la responsabilidad casi de todo, y la inversión privada era mal vista en educación, donde no podía haber lucro, y prohibida en el agro, donde no podía haber sociedades anónimas. En un marco como ese, donde la tontería adquiría rango constitucional, la bicameralidad era casi inútil. Pero sí se puede afirmar que con un Congreso unicameral la cosa habría sido aun peor. Pues, pese a todo lo anterior, sí fue eficaz la bicameralidad para abortar la ley de estatización de la banca, aprobada en menos de 24 horas en la Cámara de Diputados y frenada en Senadores luego de una discusión de semanas que dio tiempo a la movilización ciudadana contra el engendro. Aquí se manifestaron nítidamente las ventajas de la doble cámara: la discusión más informada y reflexiva en el Senado, y el tiempo, que permitió el debate público y la expresión de una opinión pública ya más consciente del fracaso de las estatizaciones. De la misma manera, es posible que si en 1997 el Congreso hubiese sido bicameral, no se habría podido consumar tan fácilmente la abusiva destitución de tres magistrados del Tribunal Constitucional y menos aun la vergonzosa ley de "interpretación auténtica" que autorizaba la re-reelección. Ese es el problema principal de la cámara única: facilita el autoritarismo cuando el Gobierno tiene mayoría, porque la somete fácilmente. Contrario sensu, si la mayoría es opuesta al Gobierno y quisiera establecer una "dictadura parlamentaria", imponiendo sus propias leyes y censurando ministros, lo puede hacer mucho más fácilmente. Eso no ha ocurrido, felizmente, en los gobiernos de Toledo y García gracias a que el nuevo y relativo consenso pro mercado le permitió a ambos gobiernos armar mayorías para sacar adelante algunas --muy pocas-- reformas, pero aun así Toledo tuvo que observar gran cantidad de leyes populistas, lo que no impidió que algunas fueran promulgadas. Se argumenta que la bicameralidad no evitó que el Congreso montara una oposición destructiva contra el primer gobierno de Belaunde. Es cierto. Allí la oposición Apra-UNO era mayoría, una mayoría resentida, que decidió oponerse ciegamente a todo. Pero, nuevamente, el argumento es falaz, porque peor hubiese sido con un Congreso unicameral. La bicameralidad no es la panacea. Pero sí limita el poder del Congreso y modera las tendencias abusivas o demagógicas. Es un filtro adicional. Nada más y nada menos, señala Jaime de Althaus.