La Contraloría General de la República presentó un proyecto de ley por el cual se propone establecer como obligatorio el cumplimiento de los informes previos que dicha entidad emita respecto a las concesiones de bienes o servicios públicos; y sobre aquellas modificaciones que se pretendan efectuar a las referidas operaciones o a los contratos que las originan.La iniciativa legislativa ya se encuentra en manos de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, que preside Édgard Reymundo (UPP). El referido grupo de trabajo se reunió en los días recientes con el contralor, Genaro Matute, precisamente para analizar este tema.El funcionario explicó que la propuesta, de ser aprobada, se aplicaría a todas aquellas concesiones que se extiendan por períodos superiores a un año y que sean otorgadas tanto por el Gobierno Central como por aquellos de ámbito regional y municipal.