La eventual eliminación del voto preferencial --aprobada por la Comisión de Constitución-- es ciertamente un paso positivo. Pero solo resultará funcional para la institucionalidad democrática si es que va acompañada por otras reformas legales que fuercen a los partidos políticos a convocar elecciones internas y cumplir escrupulosamente los resultados de estas.Es decir, que para presentarse a comicios, el orden de ubicación en las nóminas parlamentarias, desde el primero hasta el último candidato, tiene que ser determinado por la fuerza democrática de los votos y no por el dedo o las mañas de las cúpulas o por el capricho caudillista.Un hecho real y concreto de algunos comicios pasados es que la votación preferencial solo provocó guerras fratricidas entre los postulantes de un mismo grupo. Ello, además de generar un clima laberíntico y caótico, minó la exposición de programas por parte de los partidos y el carácter unitario de una propuesta de gobierno nacional.Por eso la reforma acordada en la Comisión de Constitución del Congreso, la cual saludamos, suprime el voto preferencial y lo reemplaza por una lista cerrada y bloqueada, donde la cantidad de parlamentarios elegidos dependerá de la cifra repartidora que obtenga cada organización.Queda como tarea pendiente la modificación de tres artículos de la Ley de Partidos Políticos, dos de los cuales servirán para establecer las competencias fiscalizadoras del JNE en cada proceso interno y para que la ONPE cumpla con brindar la asistencia técnica.La tercera es una modificación clave porque debe establecer el voto universal, libre, directo y secreto de los afiliados, e incluso permitiendo la participación de los no afiliados.La responsabilidad es, pues, de los propios partidos y sus líderes, que deben aprobar estas reformas y comprometerse a cumplirlas. Sobre todo ahora que se ha logrado reducir la cantidad de partidos, a través de la valla electoral, el orden y la fiscalización interna y externa de los partidos deben ser requisitos fundamentales.No puede repetirse lo sucedido con la ley de financiamiento partidario, que fue aprobada con vacíos y recovecos, de los que se aprovecharon algunos irresponsables para ocultar sus fuentes de financiamiento, con grave daño para la transparencia democrática.