Detrás de la medida que busca dejar sin efecto y anular la autorización otorgada a la empresa Electricidad Andina S.A., para el uso de las aguas del río Santa en el proyecto hidroeléctrico Santa Rita, estaría la injerencia política del presidente regional de Ancash, César Alvarez, quien anunció públicamente que impediría su construcción por todos los medios. La compañía ha apelado la decisión de la Administración Técnica del Distrito de Riego (ATDR) Lacramarca-Nepeña-Santa, que el 2 de mayo pasado emitió la Resolución No 088-2007. Esta medida trata de revocar cuatro resoluciones de anteriores administraciones, las cuales fueron expedidas a favor del proyecto entre 1998 y el 2005. Lo extraño del caso, que evidencia la intrusión política, es que la cuestionada resolución trata de establecer la nulidad de la autorización con un recurso aparentemente irregular, pues la Ley de Procedimiento Administrativo General señala que hay un plazo de 15 días para plantear reconsideraciones. Sin embargo esta medida ha sido admitida varios años después, es decir, de manera extemporánea.