El auto apertorio del juez Saúl Peña Farfán no podía ser más contundente al señalar que existieron irregularidades en la obtención del pasaporte de Carmen Burga y su familia. Responsabilidad que recae, según las investigaciones, en la Dirección General de Migraciones y Naturalización (Digemin), que pertenece al Ministerio del Interior y que estuvo presidido en ese tiempo por Javier Reátegui, quien renunció a su cargo un día después que la testigo clave se entregó a la justicia. ¿Casualidad o coincidencia?.Esta conclusión complica aún más la situación de los funcionarios de Migraciones al concordar con lo expresado por Burga en una entrevista a Frecuencia Latina. Allí, reveló que ella, su esposo y sus dos hijos fueron llevados por presuntos emisarios del gobierno a las oficinas de Migraciones en un automóvil con lunas polarizadas para la obtención de los pasaportes y fugar del país. En el extranjero sus captores pagaban su estadía.La modalidad de falsificar firmas no sólo fue una práctica común que utilizó el partido de gobierno para lograr su inscripción, sino que esta al parecer la siguió usando una vez que llegó al poder.