Hasta el cierre de esta edición, la Comisión de Constitución no había dado a conocer la biografía de los 17 candidatos al Tribunal Constitucional, en un inadmisible acto de falta de transparencia, que convalida esa nefasta práctica del secretismo que el país exige erradicar.La actitud es antidemocrática y desconoce el derecho de los ciudadanos a saber quiénes son los aspirantes a la institución responsable de garantizar el control constitucional. Más aun cuando con las cuatro plazas que serán cubiertas quedará constituida una nueva mayoría en el TC. Las explicaciones del presidente de la comisión, Aurelio Pastor, alegando complicaciones técnicas para no colocar tal información en la red, son simplemente absurdas y se prestan a las más extremas interpretaciones. ¿Acaso es una señal de que los grupos parlamentarios pretenden evitar el escrutinio ciudadano en torno a lo que podría ser un vulgar toma y daca político; una repartija de los cuatro cargos entre abogados cercanos a las distintas bancadas? Cautelar la buena salud del TC merecía un proceso abierto, técnico y transparente, que no puede circunscribirse solo al Parlamento.Es mucho lo que está en juego. A pesar de ciertos pronunciamientos polémicos, el TC ha cumplido con garantizar que la Constitución no solo sea un conjunto de ideales, sino la espina dorsal de la estructura jurídica del Estado, y un instrumento básico para frenar los excesos de los poderes y organismos públicos. Mantener esa línea de continuidad es crucial y el país exige que las bancadas actúen más allá de sus intereses. El imperativo moral del Congreso es divulgar los perfiles de los candidatos y seleccionar objetivamente a los mejores profesionales por su conocimiento jurídico y por su irreductible independencia de los grupos de poder.