La planificación, formación y capacitación de un equipo dedicado a falsificar firmas para beneficiar al movimiento País Posible (hoy Perú Posible) empezó hace ocho años, mientras Alberto Fujimori inauguraba su segundo periodo presidencial, y ya se vislumbraba un enfrentamiento con el Tribunal Constitucional para lograr una tercera elección.Entre 1996 y 1998, anticipándose a las huestes fujimoristas, algunos dirigentes de País Posible (PP) montaron una maquinaria, encabezada por Margarita Toledo, y solo comparada con la forjada por el prófugo ex congresista Óscar Medelius en el caso del millón de firmas de Perú 2000.Esta es la hipótesis que maneja el juez anticorrupción Saúl Peña Farfán, quien abrió proceso a 33 personas, entre ellas la hermana del presidente, por asociarse de forma ilícita para inscribir su movimiento en el JNE y participar en las elecciones del 2000.