La fiscalía involucró al empresario minero Alejandro Gubbins Granger y los conocidos abogados Beatriz Mejía Mori y James Vidalón Orellana con una red que direccionaba las demandas para que sean resueltas por jueces que fallarían a favor del demandante.Esta red fue desarticulada por la Oficina Distrital de Control de la Magistratura (ODICMA) de Lima, el 21 de diciembre del 2004. La ODICMA descubrió que el personal del Centro de Distribución General de la Corte de Lima dirigió una demanda de minera Casapalca al 49º Juzgado Civil.Los funcionarios implicados, determinó la fiscalía, no utilizaron el sistema aleatorio (sorteo electrónico) de distribución de demandas, que la hubiera derivado a otro juzgado.Sin embargo, hasta ahora las investigaciones solo alcanzaron al personal auxiliar del Poder Judicial, dejándose fuera a los interesados en burlar el sistema aleatorio de distribución de demandas.