No se puede borrar con la mano izquierda lo que se hace con la derecha: si por un lado hay que destacar los beneficios del prepago de la deuda externa al Club de París, del otro debemos criticar la iniciativa gubernamental para que todos los fondos del sector público sean depositados en el Banco de la Nación.Lo primero contribuye a aliviar no solo la presión de la deuda sino a mejorar el grado de inversión para el Perú. Según cálculos oficiales, la deuda se reduce en alrededor de 2.000 millones, lo que equivale al 40% de la deuda del Club de París o al 10% de la deuda externa pública calculada en 20 mil millones de dólares.Esta precompra utiliza los excedentes que el Gobierno no tiene capacidad de gastar y tiene un positivo efecto interno pues se emitirá títulos en soles, lo que a su vez desdolarizará en algo la economía y mejorará la situación fiscal en el mediano y largo plazos. La otra cara de la medalla la podemos ver en la decisión de concentrar obligatoriamente los fondos públicos en el BN, lo que crearía un riesgoso monopolio. La justificación del MEF es que se trata de una medida para facilitación administrativa, lo que puede ser cierto en parte. Sin embargo, los perjuicios son inmensos comparados con estos supuestos beneficios.Por principio, un monopolio, cualquiera que sea, es lo más contrario a las reglas del libre mercado, al que distorsiona de una u otra manera. Luego, aparte de la incertidumbre, se abre las puertas a la discrecionalidad política: recordemos que los directores de ese banco son nombrados por el Gobierno de turno, que podría introducir criterios arbitrarios, oportunistas y hasta demagógicos para usar estos fondos. El desorden del primer gobierno aprista no es precisamente una garantía de buen manejo.Por estas razones, el Gobierno debe evaluar y anular esta medida, precisamente para asegurar el equilibrio fiscal que se quiere lograr con el prepago de la deuda. En lugar de ello, si se quiere asegurar el buen uso de los fondos públicos, que son de todos los peruanos, lo que se debe hacer es apurar y consensuar en el Congreso la aprobación de la ley que establece sanciones por incumplimiento de la ley fiscal. La primera votación se dio en octubre pasado, luego de lo cual un sospechoso olvido se cirnió sobre el proyecto que debe desempolvarse ya, como prometió el presidente García.