No a la impunidad: El mercado de Santa Anita debe dejar de ser un baldón y una herida enconada para el Estado de derecho.Restaurar el orden, el principio de autoridad y el imperio de la ley es una ineludible obligación constitucional de la que no pueden eximirse ni jueces ni fiscales ni el Gobierno ni la Policía Nacional, ni usted, como responsable ciudadano. Por lo mismo, debemos llamar severamente la atención sobre el riesgoso contraste entre el impecable aprestamiento de las fuerzas del orden, para movilizar a 6.000 policías, y del otro lado la hasta ahora inentendible decisión del juez Carlos Morales Córdova, quien el viernes canceló a última hora la operación de desalojo.El presidente Alan García ha criticado esta "falta de decisión judicial", en tanto que el ministro del Interior, Luis Alva Castro, ha reiterado que "solo falta fijar fecha y hora". Tales declaraciones son comprensibles en cuanto reflejan el mayoritario sentir ciudadano, que exige cumplir la ley, pero también respetar las normas del debido proceso y reducir al mínimo el costo social.Esto es algo que no quieren entender los invasores, que primero arrebatan un bien y ahora piden dialogar, con apoyo de grupos interesados o marginales, como algunos líderes cocaleros que usaron a los invasores como un bolsón electoral. ¿Pero dialogaría usted con quien invade violentamente su casa? No hay ninguna excusa para el latrocinio. ¿Y qué se puede pensar de quienes no tienen el menor escrúpulo para utilizar a sus hijos o a niños alquilados como escudos humanos, lo que es un delito adicional que tiene que ser sancionado?En tal escenario, la indecisión del juez Morales no solo podría inflar las expectativas de los usurpadores, sino que dejaría mal parado al Poder Judicial, cuyas máximas autoridades deben reivindicarse y asumir frontalmente su responsabilidad. Si un juez no es capaz de asumir sus responsabilidades, pues que cambie de profesión. Lo más sensato, en este caso, sería autorizar la operación de desalojo y permitir que otras instancias ejecutivas y operativas tracen una estrategia de ejecución que restaure el imperio de la ley tomando todas las previsiones para garantizar el respeto de los derechos humanos, sobre todo de los niños.Claro que no se puede generalizar: hay jueces probos, como los que han hecho posible llegar a esta etapa en que finalmente se ha dado la razón a los legítimos propietarios del terreno de 80 hectáreas destinado a mercado por la Municipalidad de Lima, que fue invadido en noviembre del 2002 por una gavilla de delincuentes.Pero, del otro lado, es innegable que el largo tiempo que ha durado la usurpación --¡cuatro años y medio!-- solo puede explicarse por la pusilanimidad y falta de integridad de algunos jueces y fiscales que miraron a otro lado o se hicieron cómplices de las mafias de invasores al avalar toda suerte de tinterilladas y corruptelas, y sin entender que estamos ante un caso emblemático y crucial para el orden constitucional.Por todo ello, el Poder Judicial tiene que actuar en consecuencia para hacer cumplir la ley, autorizar ya el desalojo y devolver la propiedad y su uso a sus legítimos propietarios. El mercado de Santa Anita debe dejar de ser un baldón y una herida enconada para el Estado de derecho y un lastre para la modernización de la ciudad, a la que una mafia de invasores no le puede seguir negando el derecho de contar con un mercado mayorista acorde con sus expectativas y necesidades.¿Qué es pues lo que, en el fondo, está en juego en Santa Anita? Pues fundamentalmente la restauración del orden y el principio de autoridad, que han sido vulnerados de modo tan escandaloso y repudiable en este caso. Dentro del Estado de derecho es absolutamente inaceptable que se conculque el derecho de propiedad sin ser castigado por ello. Actuar en contrario significaría sentar un terrible precedente de impunidad que debilitaría la estructura del Estado y la seguridad jurídica del país, y daría un mensaje errado a tantos Herminios Porras que permanecen al acecho para violar cualquier propiedad. (Edición domingo).