Quiso pasar de acusada a acusadora y presentarse como una víctima de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Para lograr su objetivo, la suspendida legisladora Elsa Canchaya (UN) denunció a esa instancia de violar su derecho a la defensa al no atender su pedido de tomar el testimonio de su empleada doméstica, Jacqueline Simón, a la que contrató como 'asesora' de su despacho congresal.Asimismo, en un tardío gesto de transparencia, expresó su disposición a renunciar a su inmunidad parlamentaria y a allanarse a cualquier investigación.