Recientemente, bajo el concepto del desarrollo sostenible de las comunidades aledañas a la actividad minera e hidrocarburífera, se habla de la labor promotora y facilitadora del Estado, de responsabilidad y proyección social de las mineras, de impactos en la vida de miles de ciudadanos y, fundamentalmente, de sostenibilidad y licencia social. Sobre ambos conceptos figura el criterio de que empresa y comunidad no sean percibidos como entes separados y aliados circunstanciales, sino participantes en una tarea solidaria, responsable y compartida. Como una alianza, de verdad, ganadora. Se trata de diseminar el efecto beneficioso de una actividad que implica tecnologías modernas, inversiones de alto monto y encadenamiento productivo de distintas capacidades, como parte de una acción integral, generadora de mejores condiciones de vida, que tenga sostenibilidad en el tiempo y aptitud para asegurar el futuro.¿Estamos haciendo efectivamente eso? ¿Está presente el Estado, tiene vigencia más allá de mesas de diálogo y reuniones para superar una situación conflictiva? ¿Empresarios y comuneros son conscientes de la trascendencia de su alianza, de la vigencia de su encuentro?Minería e hidrocarburos están en la obligación de mostrar cómo incluyen la responsabilidad social en su concepción, en lo cotidiano y en sus operaciones. Esa no es tarea fácil ni solución mágica. Las compañías deben promover el desarrollo de la población e impulsar actividades arraigadas a la vida comunitaria, como el turismo, agronegocios, textilería, ganadería. La unión les da sostenibilidad, abre mercados.Por su naturaleza y ubicación, algunas empresas están obligadas a contribuir en la mejora de la infraestructura, sobre todo en transporte, electricidad, saneamiento, salud y educación, sin que ello signifique sustituir al Estado, haciendo un aporte de mutuo beneficio. Las empresas vienen entendiendo, en algunos casos con perjuicio para sus reservas y planes, que el compromiso con el entorno no es un reclamo injustificado. Inclusive algo que genera valor para los accionistas, beneficios colaterales como mejor acceso al mercado de capitales, menor riesgo de operación, posicionamiento diferenciado, etc. Resalta, en estos últimos años, comprobar que la minería y la actividad hidrocarburífera --a trancas y barrancas-- aprenden a escuchar y dialogar con su entorno, acercándose a la población. Algunas compañías van más allá: crean negocios inclusivos y construyen alianzas inéditas, con la sociedad civil e instancias inimaginadas, mejorando la calidad de vida en sus áreas de influencia.El Estado no está ajeno a ese esfuerzo. Busca que la agenda mineroenergética sea la del desarrollo y provenga de un sector dinámico, creativo y eficiente. El rol del Ministerio de Energía y Minas es promover la inversión sostenible, dotando a la actividad mineroenergética de las herramientas normativas que la fortalezcan, para que crezca articuladamente, alejando la opción del enclave. La minería es propicia para articular lo económico y lo social, derrotar la extrema pobreza y hacer viable la descentralización y crecimiento regional integral. La meta es una actividad integrada e insertada en la realidad, ya no una instalación cerca de pueblos o caseríos. Un yacimiento puede ser ancla para el desarrollo, inicio de la cadena que atrae a proveedores de bienes y servicios a contratistas. O lugar de empleos, directos e indirectos, pero nunca más ente aislado.Combatir la pobreza requiere propiciar conductas empresariales que beneficien al ámbito local en compras, abastecimiento, servicios adecuados y eficaces, parte de un flujo continuo. Así, la minería dejará de ser vista como invasora o entidad a la cual reclamar compensaciones o indemnizaciones.Lo mencionado es factible. Lo demuestran varias experiencias surgidas de la necesaria relación armoniosa entre empresas y comunidades. Al Estado le interesa que la gestión social sea tan relevante como la económica y productiva. Lo esencial compete a los actores directos: la comunidad asociada a la empresa, proveyéndola de insumos y recursos, convertida en centro de trabajo generador de riqueza y herramienta para el desarrollo sostenible, señala el viceministro de Energía, Pedro Gamio.