Ningún peruano debería tolerar la idea de que un niño muera de hambre en nuestro país. Sin embargo, la realidad supera a las buenas intenciones y seguimos observando impasibles que la desnutrición crónica deambula a lo largo y ancho del territorio, sobre todo en poblaciones rurales pobres de la sierra.Es un escándalo que 25,4% de la población infantil menor de cinco años, unos 700 mil niños, tenga un futuro incierto. Peor que unos 20 mil no lleguen al primer año de vida por enfermedades que pudieron prevenirse.Son índices altos y dolorosos que, además de colocarnos entre los siete países con la desnutrición crónica más elevada en la región, nos confronta con la urgencia de agilizar la reconversión de los programas sociales, si realmente la inclusión social es una política de Estado y una prioridad para el Gobierno.Como se sabe, en febrero pasado se anunció que los 82 programas sociales de alivio y lucha contra la pobreza se reducirían a 25, para acabar con la falta de coordinación y de sinergias, la baja calidad de las intervenciones y la focalización incorrecta. Según la Universidad del Pacífico, hay 3,5 millones de niños en extrema pobreza excluidos de los programas gubernamentales, mientras los gastos se van en el pago de una enorme burocracia. Comedores infantiles dejan de atender al 98,2% de su público objetivo y el Vaso de Leche nunca llega al desayuno de miles de niños pobres.Por ello es una buena noticia que el programa Juntos haya convocado ayer al sector privado para que se sume a lucha contra la desnutrición crónica. Empresas socialmente responsables, preocupadas por el bienestar de sus comunidades, pueden contribuir a que más niños tengan el futuro que ahora se lo están robando.