Ante los sendos cuestionamientos a los procesos de compras estatales, generados en los últimos meses, el grupo parlamentario aprista ha presentado un proyecto de ley, mediante el cual introduce una serie de modificaciones a la Ley de Contrataciones Públicas, esto con el objetivo, entre otras cosas, de establecer un equilibrio entre la agilización de las contrataciones públicas y la existencia de un marco normativo que no permita que se cometan actos irregulares al interior en estos procesos.En la propuesta legislativa se sostiene que uno de los problemas suscitados con la actual ley, es que ésta favorece a las grandes empresas. Se argumenta que las pequeñas y microempresas, dada la frondosa y compleja normativa, son disuadidas de participar en estos procesos, pues muchas veces no cuentan con el perosnal capacitado que pueda interpretar las normas en materia de contratación y adquisiciones y mucho menos elaboarar propuestas técnicas y económicas en forma idónea.