El escándalo ocasionado por el congresista de Unidad Nacional Walter Menchola ha obligado a redoblar la vigilancia que debe hacerse del personal de confianza que trabaja en el Parlamento. Inauditamente, esa urgente fiscalización no se puede realizar, ya que no hay libre acceso a la relación de asesores contratados en los despachos congresales. Si uno ingresa a la página web del Congreso, un breve sondeo bastará para abrir la lista del personal del servicio parlamentario, es decir, funcionarios contratados para el trabajo técnico y administrativo. Pero los nombres de los profesionales que, bajo el régimen de personal de confianza, prestan servicios en las oficinas de cada legislador no aparecen por ningún lado. La gravedad de los casos de Elsa Canchaya y de Walter Menchola hace que ese aparente descuido sea una perjudicial omisión. Ayer trascendió en el Congreso que si esos nombres aún no han sido publicados en Internet es porque la titular del Legislativo, Mercedes Cabanillas, quiere asegurarse de que los asesores cumplan los requisitos para evitar más denuncias, ya que la Mesa Directiva no tiene control sobre estas contrataciones.