Las autoridades judiciales y policiales deben romper cuanto antes con el letal ciclo expansivo de la venta ilegal de terrenos. Como ha denunciado nuestro Diario, hoy existen suficientes evidencias de que grupos mafiosos operan en doce distritos limeños, donde la propiedad se torna precaria debido a la falsificación de documentos o la invasión de predios.La inacción es convertirnos en cómplices de estos delitos. De allí que el punto inicial para detener a los traficantes debe ser procesarlos con celeridad para que sobre ellos recaigan severas penas ante la diversidad de delitos que perpetran, entre ellos los de estafa, contra el patrimonio y contra la fe pública. Si fuese necesario para darle más énfasis a esta lucha, correspondería incluso que el Parlamento endureciera las penas para estos malhechores.El otro plano del drama es que hay una tarea pendiente. Esta corresponde a las autoridades municipales y al sector Vivienda llamados a promover y desarrollar campañas de urbanización de predios debidamente saneados. Los pobres que aspiran a un techo propio deben ser el foco de estas acciones. ¿Hasta cuándo la invasión seguirá siendo la única opción viable para que sectores excluidos consigan de facto una propiedad por lo general ajena?Según las cifras que maneja la policía, es notorio que muchas familias invasoras logran reunir, en ciertos casos, sumas que oscilan entre los 1.200 y 3.000 dólares para comprar un lote en conflicto. Esa cantidad podría ser la llave o convertirse en una sustantiva cuota inicial para adquirir un inmueble con todas las garantías de la ley. El Estado debe actuar en concordancia, tanto para reprimir a las mafias de invasores como para dar una digna alternativa de vivienda a sectores desprotegidos.