Tanto el gobierno regional como el municipal de Tacna están dando muestras de una intemperancia que no tiene nombre. Con total desparpajo y en un acto de ilegalidad inconcebible y sospechoso, han decidido desacatar el reciente fallo del Tribunal Constitucional que, prácticamente, busca poner freno a la comercialización de ropa y calzado de segundo uso, una modalidad de flagrante contrabando.La sentencia del TC es clara: la ordenanza regional de Tacna que estableció la libre compra y venta de ropa y zapatos usados es inconstitucional, porque amenaza la libre competencia y la industria nacional, y más bien premia el cáncer del contrabando que tanto daño causa al país. ¿Miopía, soberbia política o, tal vez, defensa soterrada de intereses oscuros a favor del contrabando son los que anidan en la región y municipalidad tacneñas? Lo cierto es que ambos gobiernos están desconociendo sentencias que son inapelables y que todos sin distinción estamos en la obligación de acatar, porque no cumplir la ley es un acto que sanciona nuestro Código Penal.¿Cómo exigir al ciudadano responsabilidad y apego a la ley si algunos presidentes regionales y alcaldes son incapaces de frenar una modalidad de contrabando, aparentemente pequeña en montos pero inmensamente peligrosa por los precedentes que asienta?Con esto, no solo incurren en rebeldía ante el tribunal, máximo órgano de control de la Constitución, sino que se enfrentan también al Ejecutivo. Y es que fue precisamente el Gobierno Central el que interpuso la demanda de inconstitucionalidad ante el TC, cuestionando la comercialización de la ropa y calzado usados, por considerar que las regiones carecen de competencia para regular la importación de bienes al país. Ante tales hechos lo que corresponde es que las autoridades regional y municipal de Tacna sean sancionadas como es debido, precisamente por haber desacatado la ley , como aplicaría a cualquier ciudadano de nuestro país.