La disposición del Congreso, del Inrena y de las Fuerzas Armadas para esclarecer irregularidades --como la venta de información de inteligencia o la entrega en concesión de áreas boscosas como si fuesen deforestadas-- constituye una reacción positiva y alentadora.Dichos anuncios van más allá de una mera formalidad pues están acompañados, desde los mismos organismos en cuestión, de la revelación de nombres y datos, lo que debe continuar hasta llegar a la atribución de responsabilidades y sanciones. Esto fuerza además a todo el conjunto del Estado a revisar las grietas abiertas de los sistemas de inteligencia y de concesiones forestales, que son aprovechadas por inescrupulosos para lucrar con la venta de información clasificada o cambiar la calificación de un terreno con ilícitos propósitos.En el caso de la Marina, el paso siguiente debe ser una sanción ejemplarizadora para todos los responsables que, vistiendo el uniforme militar y perteneciendo a la delicada área de inteligencia, ponen en riesgo con sus actos la seguridad interna y externa. En el caso de Inrena debe existir un pormenorizado análisis del trabajo de todos sus funcionarios, pues se supone que es un organismo técnico y por ende está integrado por profesionales que permanecen más allá de los vaivenes de la política.Por esta razón corresponde, además, hacer un exhaustivo seguimiento, a la espera de informes pormenorizados y de las anunciadas sanciones y correcciones que estos graves hechos demandan. Todo esto debe servir para apuntalar la reforma del Estado, que exige ordenamiento y transparencia en todas las entidades, no solo para que sean más eficaces sino para que formen parte del engranaje que apunta al desarrollo. (Edición sábado).
- [El Comercio,Pág. A 4] /