No quedaba otra salida ante una conducta tan inescrupulosa y lesiva a la verdad, al fuero parlamentario y al país: el pleno del Congreso confirmó la máxima sanción que permite su reglamento para Elsa Canchaya y la suspendió por 120 días. Las cosas, sin embargo, no quedan ni deben quedar aquí, para estas graves faltas que también constituyen delitos penales. Para este caso específico, se espera el pronto pronunciamiento de la Subcomisión de Asuntos Constitucionales para evaluar el desafuero, de modo que sean las autoridades judiciales las que abran un proceso contra la congresista (y su pseudoasesora), que debe merecer una sanción ejemplar.Paralelamente, el Poder Judicial ha solicitado el desafuero de otros ocho congresistas por la intolerable y violenta conducta mostrada, cuando recién fueron elegidos, durante la sesión en que se aprobó el TLC con Estados Unidos, pedido que debe ser tratado imparcialmente por los pares congresales.Estos casos, sobre todo el de Canchaya, llaman a una severa reflexión. Ante todo, secundamos la labor profiláctica de la Mesa Directiva para dejar de lado el mal entendido espíritu de cuerpo y rechazar sinvergüencerías de quienes solo buscan cargos públicos para aprovecharse del Estado. Nunca más otorongo no come otorongo.A propósito, debemos saludar también la actitud de Unidad Nacional, bancada que llevó en sus listas a Canchaya, que apoyó la suspensión; y también invocar a los líderes de los diversos partidos a asumir plena responsabilidad por organizar sus cuadros para seleccionar mejor a sus representantes y denunciar a los advenedizos y sinvergüenzas que terminan desprestigiando aun más la política.