He aquí una prueba cruda de cómo se puede legislar contra el sentido de la historia, el futuro del país y los intereses de los propios trabajadores y empresarios.En efecto, la Comisión de Trabajo del Congreso ha aprobado un proyecto de ley tan obsoleto como recesivo que debe ser exhaustivamente evaluado por el pleno para corregir sus excesos.Es realmente inadmisible que dicha comisión haya malgastado tanto tiempo y recursos, no solo de sus propios miembros y del Congreso, sino de representantes del Gobierno y de otros sectores, para terminar imponiendo, en importantes artículos, el mismo enfoque ideológico y trasnochado que eleva la estabilidad laboral a la categoría de valor absoluto. Es decir, no se atendió sugerencias ni recomendaciones técnicamente sustentadas para enriquecer un proyecto de ley que debe ser equitativo, reactivador y promotor del empleo y se procedió, como en los mejores tiempos de la dictadura velasquista, colectivista y demagógica, sin pensar en la realidad de las empresas ni en el futuro de la nación.De acuerdo con lo aprobado por dicha comisión, se mantiene no solo la indemnización económica sino también la reposición para los casos de despido injustificado, con lo cual nuestro país podría tener el triste y riesgoso demérito de tener la legislación más rígida y ultraproteccionista de América Latina. El polémico dictamen señala que será el juez y no el trabajador el que determine la herramienta de reposición, con lo que podría darse el absurdo de que los despedidos sean repuestos tras haber cobrado su indemnización. Esto, además de aumentar la inestabilidad laboral, va más allá de lo que para el caso establece el Tribunal Constitucional que solo considera la compensación económica. En suma, se estaría legislando, y mal, supuestamente con el ánimo de contentar a los pocos que cuentan con empleo, y dando la espalda a los millones que, con estas normas, serían condenados al desempleo, el subempleo o la informalidad. Esto no solo originaría gravísimos daños económicos a las empresas, sino que afectaría en grado sumo las relaciones laborales y desincentivaría la creación de empleo en el país.