La fuga y venta de información privilegiada y secreta desde los servicios de inteligencia del Estado ha puesto en evidencia, una vez más, la crisis insostenible en que se mueven algunos de estos organismos desde hace años.Ante el escándalo suscitado en los últimos días se han anunciado investigaciones congresales, algunas medidas y sanciones desde los institutos armados y el Ejecutivo. Sin embargo, estos esfuerzos no pueden recalar en los mismos espacios comunes de siempre, sino llevar a la conclusión del proceso de reorganización que se inició en el gobierno pasado y que no ha producido otra cosa que ocho continuas gestiones en la alta jefatura del otrora SIN.Una primera medida debería ser acabar con la nefasta parcelación que caracteriza a los servicios de inteligencia de los institutos armados y de la Policía Nacional, que no solo no coordinan entre sí, sino que tampoco reportan al Consejo de Inteligencia Nacional (COIN) y a su cabeza, la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), de manera sistemática y en una línea de continuidad. El objetivo aquí es cautelar la seguridad y el orden interno de cara, por ejemplo, a la tenaza amenazante del narcoterrorismo.