La promulgación del decreto supremo que modifica la utilización de los services afectará a todas las empresas y no sólo a las mineras, remarcó el especialista Jorge Toyama. Agregó que este cambio deja claro que ya no es muy relevante el tema del llamado 20%, es decir, antes de verificar si la empresa supera o no el tope de 20% para el uso de la intermediación laboral, deberá verificar si ésta se está utilizando en una actividad, residual, complementaria o de apoyo. "Con el decreto puede haber empresas que no podrán nunca contratar vía intermediación laboral", subrayó.Toyama también comentó que el decreto supremo representa un reconocimiento a que la norma anterior no era tan clara y, en consecuencia, el Ministerio de Trabajo debería tener un criterio de flexibilidad, al aplicar la nueva norma y las sanciones en todos los procesos de fiscalización que se encuentran en trámite.
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