Resulta innegable que, ante las acciones firmes del Gobierno contra la cadena delictiva del narcotráfico que incluye a un buen número de cocaleros, se haya producido una reacción violentista de los grupos afectados ante la cual el Estado tiene que responder con firmeza. El surgimiento de nuevos líderes cocaleros, cada vez más radicales, así como la interrupción sorpresiva de las mesas de diálogo son signos de desesperación de quienes saben que están al margen de la ley y carecen de argumentos. Es que estos supuestos líderes solo repiten lo que prescriben las agendas de los cabecillas del narcotráfico; es decir rechazan la erradicación y se cierran a cualquier otra posibilidad de desarrollo alternativo.La verdad es que así se hacen cómplices de un grave delito. Y no solo por bloquear carreteras, lo cual tiene que ser castigado con las máximas penas que prevé la ley, sino por aportar la materia prima al narcotráfico y dar combustible a una cadena de criminalidad que quema cerebros, destroza vidas, explota niños, envenena el medio ambiente y corrompe autoridades en todo nivel. Se entiende por qué, en connivencia con los rezagos terroristas, el narcotráfico pretende consolidarse en zonas 'liberadas' o 'semiliberadas'.De ahí que la delegación de facultades aprobada ayer, con la participación decisiva de la bancada de Unidad Nacional, viene a reforzar la autoridad del Gobierno para que junto con jueces y fiscales actúe más expeditivamente. El Estado no puede perder esta batalla dirigida a quebrar el espinazo de la cadena delictiva y corruptora del narcotráfico, tal como se desprende de la advertencia lanzada por el presidente Alan García, en el sentido de que no habrá concesión alguna para los grupos violentistas.Esta guerra debe orientarse a recuperar la presencia del Estado en las zonas 'liberadas' o 'semiliberadas', hacer campañas para que los campesinos entiendan que sembrar coca ilegal es un delito que acabará llevándolos a la cárcel. Todo esto mientras se ponen en práctica los programas de desarrollo alternativo. Para aquellos que insistan en ponerse del lado de la droga, la erradicación tiene que ser parte fundamental del plan. Es ahora o nunca: o se impone la ley y el orden o se habrán consolidado las zonas liberadas y con ello el nefasto prospecto de convertirnos en un narcoestado.