Obtuvieron su cheque en blanco. Tras varias idas y venidas y discusiones previas, el Pleno del Congreso de la República acordó, por 48 votos a favor y siete en contra, otorgar facultades al Poder Ejecutivo para que legisle, en un plazo de 60 días, en materia de narcotráfico, pandillaje, terrorismo, secuestro, trata de personas y crimen organizado.Parecía que el Apra iba a ver frustrada esta decisión pues, hasta antes de las tres de la tarde, el temperamento de las bancadas de Unión Por el Perú, del Partido Nacionalista, de Unidad Nacional y de la Alianza Parlamentaria era opuesto a ceder ante la solicitud planteada por el Ejecutivo. Todos se inclinaban por la creación de una comisión especial, integrada por legisladores y representantes del Ejecutivo, para que se encargara de la elaboración de las normas contra la criminalidad.Sin embargo, a las 7:05 de la noche, cuando se reanudó el debate en el hemiciclo, UN anunció la reconsideración a su postura previa. Luis Bedoya de Vivanco, vocero de dicho grupo, manifestó que apoyarían la delegación de facultades y sostuvo que lo hacían "por un acto de fe", dejando en claro que serían muy severos en la fiscalización de las normas.