Si los comentarios del senador chileno Roberto Muñoz Barra lo hicieron trastabillar, la denuncia del agente del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Alberto Salgado, podría colocar al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Rolando Sousa (GPF), entre la espada y la pared.Salgado reveló que el parlamentario solicitó al Ministerio de Justicia la documentación que sustenta algunas acusaciones contra Alberto Fujimori, referida fundamentalmente a violaciones contra los derechos humanos, como los casos La Cantuta, Barrios Altos y Castro Castro. "No quiero suponer que esos documentos han terminado en los bufetes o en los estudios jurídicos contratados por Fujimori en Santiago (de Chile). Tengo dudas al pensar en el destino que se les puede haber dado a esos documentos. Son cientos de hojas sobre los casos más emblemáticos", expresó.