Tal como se había anunciado, el Gobierno presentó ayer, a la presidencia del Congreso, un pedido para legislar durante sesenta días sobre los siguientes delitos: tráfico ilícito de drogas, terrorismo, lavado de activos, secuestro, extorsión, trata de personas, pandillaje pernicioso y crimen organizado. La propuesta implica la modificación del Código Penal y el Código de Procedimientos Penales, la tipificación de nuevos delitos, y la suspensión de algunos beneficios penitenciarios, todo con la intención de acelerar el proceso legal con el que se combate el crimen organizado. De acuerdo con el viceministro de Justicia, Erasmo Reyna, es en la acción policial donde se requiere mayor velocidad. Por ello, el Ejecutivo buscaría que las detenciones ejecutadas por la policía no necesiten de la presencia de un fiscal. "Con la propuesta del gobierno, la policía podría actuar con conocimiento de la Fiscalía, pero no necesariamente en presencia de uno de sus agentes", explicó el viceministro. (Edición domingo).