El daño que causa al medio ambiente y a la población peruana la intervención minera sin una regulación efectiva cobra cada día más importancia. Actualmente son seis las regiones del país donde existen conflictos sociales por la protesta de los pobladores que temen que la actividad minera perjudique la tierra o el agua. Por ello, la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, manifestó que el Perú "no puede darse el lujo de ser un distraído gerente en materia ambiental o, simplemente, abandonar este tema". La funcionaria, que presentó en el Parlamento un informe sobre los conflictos socioambientales por actividades extractivas, sostuvo que la debilidad institucional y el reducido peso político son, sin duda, los principales problemas del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.