El agente del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Luis Alberto Salgado, negó haber llamado terroristas a los familiares de las víctimas de la matanza del penal Castro Castro, pero dijo que para el Perú era "un riesgo" cumplir la orden del tribunal internacional que pedía indemnizarlos con US$ 10 millones, pues no podían "asegurar" que esos recursos no fueran a ir destinados a fines subversivos.Así, con este argumento verbal -el propio Salgado reconoció que no existe ninguna prueba que confirme la aseveración- el Estado planteará al sustentar a fin de mes el pedido de interpretación del fallo sobre este caso sustituir el dinero por un fondo intangible que indemnice a los familiares de las víctimas a través de servicios educativos, de vivienda, insumos e implementos de trabajo.