La apertura de un nuevo año de trabajo tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial ha traído consigo el mismo reclamo de siempre por parte de las cabezas de ambas entidades: el de mayor presupuesto, pero pocas señales que demuestren la férrea voluntad de solucionar los problemas estructurales de dichas intituciones.Si bien es cierto que la asignación de recursos en tales organismos es insuficiente, también es un hecho evidente que no existe una predisposición para poner en práctica los cambios radicales que se demandan. Tanto la fiscal de la Nación como el presidente del Poder Judicial rehúyen la autocrítica y sobre todo el tema de cajón: la reforma del sistema, que no puede emprenderse desde la Sala Plena de la Corte Suprema.Cabe recordar que el Poder Judicial solo llega a un escuálido 13% de aprobación ciudadana, dato suficiente para hacer pensar que la autorreforma no funciona y que el país tiene que buscar algún tipo de salida democrática y constitucional para recuperar, cuanto antes, las necesarias garantías jurídicas que nos permitan afianzar nuestra institucionalidad política y económica. A la fiscalía se le ha achacado su inacción a propósito de denuncias con pruebas flagrantes, como cuando los seguidores de Antauro Humala portaban armas sin las autorizaciones correspondientes. ¿Qué pasó entonces? Nada de nada. Una prueba más de que se requiere un verdadero compromiso de eficiencia fiscal y judicial.