Un tema inaplazable es el pedido del Ministerio Público de más recursos para cumplir con sus responsabilidades inherentes al nuevo Código Procesal Penal (CPP), y otro muy distinto, que raya en el exabrupto, es la decisión de la fiscalía de demandar al ministro de Economía por no desembolsar los 43 millones de soles necesarios para poner en marcha esta norma en cuatro distritos judiciales del país.En principio, el Gobierno debe entender que la aplicación del CPP significa un esfuerzo por agilizar la administración de la justicia. Pero eso no ocurre automáticamente con la simple vigencia de la moderna normativa, sino que hace falta recursos para poder acondicionar infraestructura y adquirir la necesaria logística.Pero la criticable demora del MEF, sea por dejadez o incomprensión del problema, no justifica la exagerada actitud de la Fiscalía que dispuso, a través de una resolución, que el procurador prepare una demanda de cumplimiento por la vía constitucional contra los responsables del MEF. Las autoridades, y especialmente las que forman parte del sistema de justicia, deben mantener la ponderación y ser creativos para solucionar problemas en lugar de avivar conflictos.Son saludables las corrientes reformistas y fiscalizadoras que soplan en los predios judiciales y fiscales, y sería un desperdicio perder ese aliento por falta de recursos en medio de la bonanza del erario.