Ya desde principios de este año, y en más de una oportunidad, la fiscal de la Nación, Adelaida Bolívar, había solicitado recursos para la implementación gradual del nuevo Código Procesal Penal y había advertido que este proceso corría serio peligro por la falta de dinero.Ayer, la representante del Ministerio Público no se quedó en palabras y, mediante una resolución, autorizó al procurador a cargo de los asuntos judiciales de su sector para que interponga una demanda de cumplimiento contra el ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza. La medida busca que el Ejecutivo cumpla con lo ordenado en la Ley 28671 y le entregue, de una vez, la asignación presupuestal destinada para la puesta en vigencia de ese paquete normativo en el Callao, en Moquegua y en Tacna.