Resulta incomprensible que pese a los avances que se están dando para consolidar un agro moderno, aún no tengamos una ley de aguas acorde con las urgencias y necesidades del país.Se asegura que esta semana en la Comisión Agraria del Congreso se pueden dar pasos sustanciales para que la norma se apruebe en el pleno antes del mes de julio. ¿Será cierto este compromiso o volveremos a postergar el tema, bajo el pretexto de que esta ley solo busca autorizar concesiones? El Parlamento debe sopesar su responsabilidad y actuar sin demora. Hoy más que nunca es indispensable otorgar derechos reales que aceleren los flujos de inversión hacia el agro, para lo cual se necesita mejorar las reglas de juego en cuanto al recurso hídrico. Es por ello atendible la propuesta de crear una comisión nacional que, entre otras acciones, haga un manejo integral del agua, que señale estándares de calidad y sancione a los infractores, y establezca retribuciones por el derecho de uso del agua, a fin de que los beneficiados paguen lo justo para el mantenimiento del servicio.Como hemos señalado reiteradamente en esta columna, el agua es de todos y no tiene por qué ser dada gratuitamente a algunos. Demandar lo contrario es pura demagogia.En beneficio de la descentralización, las regiones necesitan una ley de aguas que impulse el despegue de sus jurisdicciones y ponga orden en los conflictos que enfrentan por el uso del recurso. Por ejemplo, los problemas que ocasionará que Huancavelica rechace un trasvase a Ica.A propósito, el agua potable en las ciudades también merecería mayor atención para una mejor gestión de su uso y para acabar con las de-sigualdades que hoy genera en zonas pobres.