Nuevamente, el Gobierno ha tenido que dar marcha atrás en la designación de un alto funcionario, lo que pone en evidencia la improvisación, el desorden y las presiones, tanto partidarias como personales, con que se quiere llenar importantes cuadros en la administración estatal. Una razón más para retomar, con urgencia, la reforma estatal, que busca mejorar los niveles de eficiencia y de servicio al público.Esta vez tuvo que dejarse sin efecto el nombramiento como director ejecutivo (del programa de reducción de vulnerabilidades ante El Niño) del ex ministro fujimorista Alberto Pandolfi, cuya inhabilitación política había pasado desapercibida inicialmente. Antes tuvo que forzarse las renuncias del ex director del Programa Agua para Todos, Carlos Arana; del ex presidente del INPE, Benedicto Jiménez; y del ex jefe del gabinete de asesores del sector Justicia, Francisco Peixoto, entre otros, que fueron nombrados primariamente por su filiación aprista y no por sus méritos profesionales en cargos eminentemente técnicos.¿Si esto sucede con personajes de tal relevancia pública, qué estará pasando en otros niveles inferiores de la administración pública, en los que la atención de los medios de comunicación es menor? ¿Qué debe hacerse para evitar estos chascos, que desgastan innecesariamente al Gobierno y son un escollo para mejorar la gestión estatal, que hace agua por falta de técnicos calificados?Ante todo, como ya lo hemos reiterado, el Gobierno tiene que hacer obligatorios los concursos para seleccionar al personal técnico que necesita. Asimismo, debe publicar no solo su currículum con anticipación --con lo que se beneficiaría de los aportes de una opinión pública vigilante y se generaría un debate útil --, sino también el padrón de afiliados del partido.A más de eso, se hace cada vez más evidente que los topes que fija la ley de contrataciones del Estado, según la cual nadie puede ganar más que el presidente, debe ser evaluada y corregida. Su finalidad puede ser correcta, en el sentido de poner orden y tope en las caóticas remuneraciones estatales del pasado, pero es obvio que no se puede aplicar a rajatabla cuando se quiere captar a técnicos de alto nivel, que deben ser remunerados de acuerdo con el mercado y vis a vis con lo que paga el sector privado.