Hay que analizar críticamente la sesión congresal del jueves, donde se aprobó --con 55 votos a favor y 35 en contra-- una moción para comunicar al Poder Judicial que, cuando requiera la participación testimonial de un parlamentario, se ajuste a lo que dicen la Constitución y el Código de Procedimientos Penales.Detrás de ello, como lo demuestra el ardor de los debates relacionados, persiste la odiosa especie de que los parlamentarios son una casta aparte, que merecen un tratamiento especial, rayano en la impunidad. Esto ha llevado a algunos a pretender que se desacate una resolución del Tribunal Constitucional, que claramente limita la inmunidad a los delitos cometidos luego de la elección.Vincular la inmunidad, ampliada arbitrariamente, a la defensa del fuero parlamentario y esto último a la institucionalidad democrática es un argumento que nadie, en su sano juicio, puede aceptar. ¿El 'otoronguismo' de siempre? ¿No se dan cuenta los parlamentarios de que con acciones como esta malogran aun más su pésima imagen ante la ciudadanía?Quizá pueda haber errores e incorrecciones procesales, por parte de algunos jueces, que deben corregirse, para diluir cualquier sospecha de persecución contra algunos. Sin embargo, debe ponerse fin a la posición extremista de algunos congresistas, que contra el sentido común y la tendencia contemporánea, insisten en desatender una ley ratificada por el TC y en seguir entendiendo vergonzosamente la inmunidad como un privilegio personal. Tal precedente es inaceptable para el equilibrio de poderes y la institucionalidad democrática en un Estado de derecho.Todos somos iguales ante la ley y, dada la naturaleza autónoma e independiente del Poder Judicial , el Congreso tendría que tener, en el presente caso, otro tipo de comunicación, más acorde con el equilibrio de poderes y el respeto que merece cada fuero. (Edición sábado).